¿De dónde viene y hacia donde se
encamina la Ley de Dependencia? La respuesta a esta pregunta, va a ser el
objeto de reflexión de las siguientes páginas.
El 1 de enero de 2007, durante el
gobierno de Zapatero, se aprobó la Ley de Dependencia, la cual reconoce un
nuevo derecho en España, universal y subjetivo: el derecho a la promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para
ello, en el artículo 1 de la Ley se hace necesaria la creación del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) como órgano que garantice el
propósito de la ley.
Para comprender mejor el camino que ha
recorrido la ley hasta el día de hoy, vamos a dar unas pequeñas pinceladas
acerca de los diferentes cambios que ha ido sufriendo. Durante los primeros
años de su implantación, se hizo una gran inversión económica, siendo durante
el 2009 y el 2010, los años con mayor presupuesto. A partir de ese año, desde
Europa se pide a España que lleve a cabo una reducción del gasto público. En
ese momento, todavía el país era gobernado por el PSOE, por lo que tuvieron que
tomar una decisión y como reducir el presupuesto iba a quedar muy mal de cara
al público, se les ocurrió la maravillosa idea de paralizar las entradas de
nuevas personas en situación de dependencia. Dos años más tarde, comenzó la
legislatura del Partido Popular, es entonces cuando a través de la aprobación
de diferentes decretos, se llevaron a cabo fuertes recortes. Y este hecho,
podría hacernos pensar y a mí personalmente lo hace, que el gobierno busca la
derogación encubierta de la ley.
Estos recortes pueden verse reflejados
en muchos aspectos: se han recortado un 15% las prestaciones, se trasladaron
las competencias de los ayuntamientos a las comunidades autónomas (CCAA),
disminuyendo hasta un 13% la aportación del Estado a las comunidades y sin que
estas tuviesen, ni tengan ningún tipo de protocolo específico que de
participación a sus ayuntamientos, algo que aceleraría los trámites y la
burocracia. Como es lógico pensar, estas actuaciones tienen unas consecuencias,
como la disminución, o como ellos dicen, racionalización de los servicios, lo
cual conlleva un aumento en las listas de espera el descenso de la contratación
de profesionales, la pérdida de poder adquisitivo de las personas dependientes,
una mayor carga para las familias…
¿Hasta cuándo asciende la cifra que el
gobierno ha recortado en los presupuestos de la Ley de Dependencia ya fijados?
Pues a nada más y nada menos que 1000 millones de euros. Pero la cosa no queda
aquí, además aumenta el copago un 5% en tres años, reducen las pensiones, en
ocasiones de hasta un 90%, dejan de entrar por la Seguridad Social elementos
tan imprescindibles como las sillas de ruedas, audífonos, ambulancias en muchos
de los casos… Y también tienen la desfachatez de eliminar de un plumazo el
derecho de cotización de los trabajadores no profesionales a cargo de las
personas dependiente, generalmente familiares que se hacen cargo de ellos las
24 horas del día, impidiendo a estos, por lo tanto poder trabajar en ningún
otro sitio.
Dando
un pequeño salto, pero en relación al mismo tema, no se nos puede olvidar
mencionar la externalización de servicios a la empresa privada, la cual como
todo el mundo sabe, busca el mayor beneficio económico, al margen del beneficio
social y de las personas con dependencia. Seguramente, esto conlleve peores
condiciones laborales para los trabajadores, servicios de menos calidad y más
caros. Bueno, no. Es posible que de menos calidad no, probablemente hasta que
aumente, pero claro, incrementando los precios. ¿Y esto que quiere decir? Pues
bien, que solo los que más dinero tengan podrán acceder a ese tipo de productos
y servicios, dejando desamparada a una gran parte de la población. ¿Tiene algún
tipo de sentido poner más obstáculos y dar menos facilidades a las personas que
más lo necesitan? ¿Dónde se quedó la Ley de Dependencia de la que hablábamos
antes, esa que era la encargada de garantizar los derechos y mejorar la calidad
de vida de las personas en situación de dependencia? ¿Cómo se atreven los
políticos a convertir derechos sociales en un negocio?
La Ley de Dependencia supuso un gran
avance en cuestión de protección social, pero actualmente, tras esos
fantásticos cambios que nuestros grandes políticos han llevado a cabo, están
dejando la ley sin contenido, privatizando la mayoría de los servicios y
reduciendo los presupuestos, dejándola morir lentamente y sin que se note demasiado,
no vaya a ser que la gente se enfade y se revele.
Nuestros gobernantes están perdiendo la
poca credibilidad que les quedaba, el crecimiento de sostenibilidad social, al
que todos hacen referencia en sus discursos solo parece florecer cuando existe
una época de bonanza económica y elecciones cercanas. No puede ser que un
derecho universal y subjetivo este sujeto a los presupuestos generales del
Estado, los derechos de las personas tienen que estar por encima de cualquier
presupuesto.
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